Posteado por: identidadesenpeligro | enero 14, 2011

España: Las empresas con software ilegal ya son castigadas por la Ley

Las pasadas navidades se puso en funcionamiento el nuevo Código Penal. Concretamente, el 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010 que incorporaba importantes novedades en este documento, siendo una de las más destacadas la introducción de la responsabilidad penal directa de las propias empresas por determinados delitos.

Así, a partir de la fecha indicada, se podrá alegar responsabilidad penal de las organizaciones sobre las actividades de uso y reproducción de programas pirata (delitos contra la propiedad intelectual del software) ya que se cumplen las condiciones citadas en el texto legal: la compañía en cuestión no paga el importe de las licencias legales, lo que implica un lucro derivado de la actividad ilícita; el aplicativo ilegal se integra en el proceso productivo del negocio en cuestión; en algunos casos, este comportamiento se efectúa con pleno conocimiento de la dirección (e incluso con instrucciones expresas de la misma); mientras que en otros, el empleo de estos productos se deriva de una falta de control interno por parte de la cúpula directiva sobre las operaciones de sus empleados.

En palabras de Javier Ribas, responsable del departamento de derecho de las TIC en PwC y asesor legal de la BSA (en la foto), a CHANNEL PARTNER, con la reforma de este documento lo que se ha producido ha sido “una extensión de la responsabilidad penal de las empresas pues hasta la fecha, sólo las personas físicas podían delinquir, no las jurídicas”. Es decir, trasladando el asunto a un terreno práctico, si hasta ahora el canal ofrecía equipos con el sistema operativo sin la correspondiente licencia o instalaba en los clientes programas informáticos “no legales” y prácticas del estilo, se consideraba responsable del delito al gerente o director general de la compañía lo que provocaba, como explica Ribas, que muchos casos se archivaran “por falta de autor”, en tanto en cuanto, el directivo de turno alegaba no haber cometido el acto delictivo o no saber que uno de sus trabajadores lo había hecho, entre otros argumentos.

Sin embargo, en la actualidad, todos los delitos de esta índole cometidos después del 23 de diciembre de 2010 podrán imputarse a cualquier organización y hay que tener en cuenta que el uso de aplicaciones pirata no atañe únicamente a su instalación, sino también a su reproducción y el simple hecho de ejecutarlo ya es considerado como tal.

¿Qué supone esto? Pues que las empresas responderán a las multas (que pueden ascender a un importe equivalente al triple del beneficio obtenido y, en algunos casos, al cuádruple) e indemnizaciones que les sean impuestas por dicha actividad ilícita con su patrimonio, una responsabilidad económica que se añade a la civil derivada del resarcimiento por daños y perjuicios a los fabricantes de software por los programas sin licencia utilizados.

Pero no sólo eso, además, se han añadido penas específicas que van desde la disolución de la compañía o, hasta un plazo de cinco años, la suspensión de sus actividades, la clausura de locales y establecimientos y la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido el delito. Asimismo, se la puede inhabilitar, durante quince años, para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público (no poder presentarse a concursos o perder su derecho en los que estuviera ya presente) y para gozar de beneficios e incentivos fiscales (no acceso a crédito o bonificación contable) o de Seguridad Social.

Por idéntico plazo, puede llevarse a cabo una intervención judicial para garantizar los derechos de los trabajadores y acreedores (la compañía carecería de capacidad para autoadministrarse si se percibe una propensión a delinquir).

Ante este panorama, los afectados tienen la opción de suavizar su responsabilidad si llevan a cabo acciones preventivas que les permitan detectar la comisión de este tipo de delitos (no habrá responsabilidad siempre que lo puedan acreditar) y, en caso de descubrirlos a posteriori, si actúan con rapidez y eficacia para su inmediata subsanación y efectúan medidas para mitigar sus efectos.

FUENTE: www.chanelpartner.es

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